Escrito por alexis_boujon
Durante la fase testimonial de la movilidad eléctrica en Argentina, la gratuidad en los puntos de carga funcionó como un catalizador de marketing y una cortesía habitual en shoppings, hoteles y algunos espacios municipales. Sin embargo, con un parque automotor electrificado que acelera sus patentamientos mes a mes, este esquema informal ha alcanzado su techo operativo y amenaza con convertirse en el principal freno para la expansión de la infraestructura.
La gratuidad genera dos distorsiones inmediatas en el funcionamiento cotidiano de las ciudades. Por un lado, transforma dársenas destinadas al abastecimiento energético en estacionamientos de cortesía prolongados, donde un vehículo puede permanecer horas conectado sin requerir potencia, bloqueando el acceso a otros conductores. Por el otro, desincentiva cualquier modelo de negocio privado: ninguna compañía operadora de puntos de carga (CPO) puede amortizar hardware de alta potencia, obras de acometida y mantenimiento preventivo si el servicio no se remunera.
El salto hacia una red madura exige formalizar marcos regulatorios locales y provinciales basados en premisas técnicas claras:
Facturación por energía real ($/kWh): Superar el esquema de cobro por tiempo de permanencia o tarifa plana y migrar al cobro estricto por kilovatio-hora entregado, garantizando equidad entre modelos con baterías de distinta capacidad y potencias admisibles dispares.
Penalización por tiempo de inactividad (idle fees): Implementar recargos automáticos una vez completado el 80% o 100% de la carga si el vehículo no libera el espacio, fomentando la rotación efectiva en nodos urbanos concurridos.
Medición inteligente y cuadros tarifarios diferenciados: Coordinar con las distribuidoras eléctricas (como EPEC o EPE) esquemas de tarifas horarias (Time-of-Use), incentivando la recarga en valles de baja demanda y desincentivando el consumo en picos del sistema interconectado.
Interoperabilidad de plataformas (OCPP): Integrar cargadores bajo protocolos abiertos que permitan liquidar transacciones digitales desde aplicaciones móviles universales, eliminando tarjetas propietarias o suscripciones cautivas.
Cobrar por la energía suministrada no es un obstáculo para el usuario, sino la condición indispensable para que existan cargadores rápidos disponibles, mantenidos y funcionando las 24 horas. Para que la transición automotriz sea sustentable, la recarga pública debe dejar de ser una cortesía eventual y consolidarse como un servicio público interoperable y profesional.
