Escrito por alexis_boujon
La transición hacia la movilidad eléctrica en Argentina ha comenzado a materializarse con una velocidad que desafía las previsiones más conservadoras. Sin embargo, el entusiasmo comercial que reflejan los registros automotores expone una brecha estructural: la curva de adopción de vehículos avanza a un ritmo considerablemente mayor que el despliegue de infraestructura de recarga pública y de alta potencia.
El escenario reciente de la provincia y la ciudad de Santa Fe ilustra con precisión esta tensión operativa. Durante el primer semestre de 2026, la jurisdicción registró más de 2.500 patentamientos de vehículos electrificados, superando en apenas seis meses el acumulado total del año anterior. Frente a este crecimiento exponencial, la capital provincial convivía con un déficit crítico: la ausencia de cargadores operativos en el espacio público.
Para responder a este desfasaje, el Concejo Municipal aprobó la creación del Programa Municipal de Promoción de la Movilidad Eléctrica, una normativa diseñada para articular la llegada de cargadores con criterios de viabilidad técnica y logística:
Inversión privada sin costo municipal: El marco legal habilita la instalación y operación mediante inversión privada y convenios de colaboración, evitando comprometer erogaciones presupuestarias directas del municipio.
Mesa técnica con la distribuidora (EPE): Establece el trabajo conjunto con la Empresa Provincial de la Energía y la Secretaría de Energía provincial para evaluar la capacidad de inyección de potencia, nodos de conexión y cuadros tarifarios específicos.
Corredor logístico interprovincial: Prioriza la localización de puntos de recarga sobre la Ruta Nacional 168 y el eje del corredor bioceánico, garantizando la interoperabilidad con el flujo de transporte interjurisdiccional hacia Paraná y el Litoral.
Espacios exclusivos y uso regulado: Determina la señalización y reserva de dársenas exclusivas en la vía pública, fijando pautas de rotación horaria y conectores normalizados para evitar el estacionamiento indebido de vehículos convencionales.
Este movimiento legislativo pone en debate un límite evidente: el esquema basado exclusivamente en la recarga residencial y nocturna en corriente alterna (AC) resulta insuficiente. Si bien los cargadores domiciliarios resuelven el primer tramo de la demanda urbana, la concentración de consumos simultáneos sin gestión dinámica tensiona los transformadores de distribución en áreas densamente pobladas. A su vez, para el segmento comercial y la logística de última milla, inmovilizar unidades operativas durante seis u ocho horas en horarios productivos anula las ventajas de eficiencia de las flotas eléctricas.
La superación de este cuello de botella demanda una red integral sustentada en terminales rápidas en corriente continua (DC de 50 kW a 150 kW) capaces de restablecer la autonomía en menos de media hora, interoperabilidad mediante protocolos abiertos (como OCPP) que simplifiquen la experiencia del conductor, e integración con generación distribuida y almacenamiento en baterías (BESS) para mitigar los picos de demanda sobre el sistema troncal.
La experiencia santafesina traza una hoja de ruta necesaria para los principales centros urbanos del interior del país. Definir reglas claras y operativas para el sector privado es la única vía para evitar que la transición automotriz quede neutralizada por la falta de potencia en el territorio. La electromovilidad ya está en circulación; la infraestructura energética debe consolidarse a la misma velocidad.
