Escrito por Analía Caballero
Durante los últimos dos años el debate sobre movilidad eléctrica en Argentina giró alrededor de los autos: cuántos entran, de qué marcas, a qué precio. El "dónde se cargan" quedó relegado a un supuesto que casi nadie revisó, hasta ahora.
Córdoba, una provincia en pleno desarrollo de la movilidad eléctrica, expone el cuello de botella real de la transición nacional: no es el vehículo, es la conexión.
"El 95% de las viviendas no están preparadas para soportar un wallbox", afirmó Julio Nasinvera, ingeniero eléctrico e integrante de la comisión de instalaciones eléctricas del Colegio de Ingenieros Especialistas de Córdoba (CIEC), en declaraciones a La Voz.
El relevamiento es cordobés, pero describe una condición del stock de viviendas que no tiene nada de local.
El problema es aritmético. En Córdoba, el reglamento de comercialización de EPEC (Empresa Provincial de Energía de Córdoba) fija el límite con precisión: en baja tensión, el suministro monofásico a 220 V admite hasta 5 kW de demanda máxima, y por encima de ese valor corresponde trifásico.
Un cargador de pared monofásico estándar trabaja a 32 amperes, alrededor de 7 kW. El equipo solo, conectado, ya supera el techo de la conexión.
Resolverlo implica pasar a trifásico, readecuar la acometida y, en muchos casos, rehacer la instalación interna. La alternativa -el cargador portátil de 1,4 kW que se conecta a un tomacorriente común- funciona, pero necesita cerca de veinte horas para una carga completa.
El efecto que no se ve desde la vereda
Hay un segundo impacto, más silencioso. Cada cargador conectado sin aviso consume reserva de un transformador barrial que nadie dimensionó para eso.
En edificios el cuadro se endurece. Nasinvera advirtió que una cochera subterránea concentra una carga de fuego alta y que una instalación precaria puede comprometer al inmueble entero.
El ingeniero calificó la normativa de la Asociación Electrotécnica Argentina para propiedad horizontal como "muy pobre, escueta y desactualizada".
Si cargar en casa exige obra, matriculado, protecciones específicas y -en edificios- acuerdo del consorcio, la carga domiciliaria deja de ser la salida por defecto para una porción grande del parque. Ahí la infraestructura pública cambia de estatus.
EPEC opera 30 Puntos E en la capital provincial y en catorce localidades del interior, con equipos de corriente alterna y continua, disponibles las 24 horas y hoy de acceso gratuito.
La planificación oficial prevé 34 puntos hacia fines de 2026 y 47 durante 2027, según informó el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de Córdoba.
La provincia sostiene además, desde 2019, una Tarifa de Movilidad Eléctrica que bonifica la carga entre las 23 y las 5, con más de 800 usuarios adheridos.
La cuenta nacional
Lo que ocurre en Córdoba es la versión local de un desbalance nacional. El informe que ACARA (Asociacion de Concesionarios de Automotores de la República Argentina) difundió el 11 de septiembre a través de Siomaa, su área de estudios sectoriales, contabiliza 318 puntos de carga públicos o semipúblicos en todo el país para unos 19.400 vehículos enchufables -eléctricos puros e híbridos enchufables, los únicos que efectivamente se conectan a la red-.
Son 61 autos por cargador. El promedio global de referencia es de 11.
El mapa además está torcido: según el mismo informe, el AMBA y la provincia de Buenos Aires concentran cerca del 70% de la infraestructura pública del país, y CABA sola reúne el 38,5% de los enchufables.
Con esos parámetros, ACARA calcula que Argentina necesitaría casi 29.800 puntos públicos hacia 2031.
El cuello de botella de la transición ya se movió. No está en conseguir el auto.
